Exalumno de Psicología presentó investigación sobre reparación en DD. HH. y salud mental

Emilio Patricio Pérez Huerta participó en el IX Congreso Nacional de Psicología, realizado entre el 14 y el 16 de octubre en la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso. En la instancia, organizada por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos, presentó una investigación centrada en la evaluación del impacto en salud mental de las políticas públicas de reparación a las violaciones de derechos humanos en Chile, a partir del análisis del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS).

Pérez Huerta formó parte de la Tuna de Distrito UCN, agrupación artística que reconoce como su hermandad universitaria. Además, durante su titulación, recibió de sus profesores una distinción como estudiante destacado de su generación.

Su presentación correspondió a una investigación desarrollada en 2021 para optar al grado de Magíster en Ciencias Sociales, titulada Evaluación de impacto en salud mental de las políticas públicas de reparación a las violaciones de derechos humanos en Chile. Análisis del programa PRAIS.

Su participación respondió al interés por compartir los resultados con la comunidad científica nacional, “considerando la relevancia de la temática y las nuevas vulneraciones de derechos humanos ocurridas durante las movilizaciones de octubre de 2019. Para mí es muy importante que la información se sepa y que no quede almacenada y olvidada”.

BRECHAS

Entre los principales resultados de la investigación, el psicólogo identificó dificultades estructurales para implementar las políticas de reparación, relacionadas con las limitaciones presupuestarias y la falta de profesionales de la salud.

Según los antecedentes recopilados, en 2021 trece de los 29 servicios de salud del país no contaban con un psiquiatra o disponían de horas insuficientes de atención. En Antofagasta, por ejemplo, no había un profesional de esta especialidad, mientras que en Iquique un psiquiatra disponía de una hora y media para atender una población de 16 mil personas.

El estudio también detectó diferencias entre la población beneficiaria establecida por ley y aquella considerada en la normativa técnica del programa. Esta última no incluía, por ejemplo, a los nietos de las personas cuyos derechos humanos fueron vulnerados, situación que generaba una brecha entre el presupuesto asignado y las necesidades de quienes requerían atención.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) ha servido como referente para abordar procesos de reparación en países como Colombia, con el programa PAPSIVI, mientras que en otros países como Argentina o Brasil aún no se cuenta con una iniciativa equivalente.

DESAFÍOS

Según detalla el exalumno de la Escuela de Psicología UCN, el PRAIS surgió de manera autogestionada tras el hallazgo de la fosa común de Pisagua, a partir del trabajo de psicólogos y trabajadores sociales que brindaron contención a familiares de detenidos desaparecidos. Posteriormente, su institucionalización respondió a recomendaciones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, recogidas en el Informe Rettig.

Sin embargo, transcurrió más de una década antes de que comenzara a recibir recursos públicos, tras su incorporación al aparato estatal luego de las recomendaciones de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, plasmadas en el Informe Valech.

En este proceso, Pérez Huerta identificó una falta de consideración del conocimiento y trabajo de quienes participaron en las primeras etapas de la iniciativa.

En este marco, el propósito de su investigación fue realizar un balance de las reparaciones implementadas durante la dictadura, identificando tanto sus aciertos como los aspectos que requieren mejoras.

Su intención es que estos aprendizajes contribuyan a orientar las respuestas frente a vulneraciones de derechos humanos ocurridas en democracia, como las registradas durante las movilizaciones de octubre de 2019.

CONOCIMIENTO

Para el exalumno de la UCN, participar en este encuentro representó una oportunidad para mantener vigente una investigación sobre políticas públicas, salud mental y derechos humanos, especialmente ante las preocupaciones por la continuidad de estos programas. “Considero fundamental que este conocimiento circule y no quede almacenado, ni en el olvido, sobre todo porque actualmente estos programas se ven amenazados por las orientaciones del nuevo gobierno”, señaló.